MAUDILI PRIETO
No sé que titular poner.Euskalherria vive su primera fiesta de la lengua (Euskararen Nazioarteko Eguna)a caballo del régimen socialista de López,el hombre que lleva al caos a EITB y ya tiene las primeras decepciones de Zapatero,ya que nos quedamos sin la ansiada transferencia de empleo para la fecha que tanto se anunció a bombo y platillo,que era el próximo 1 de enero,y un Sanz que ahora justifica con aquel "Sindrome del Norte" la barbaridad del benemérito de Leitza que quiso montar su propio espectáculo a espaldas de ETA.Imaginación al poder,ya lo dijeron.Sin embargo,la notícia del día se situa en el caso Pretoria y en las nuevas imputaciones que ha hecho el juez Baltasar Garzón,ya que Grande-Marlaska está distraido con las acciones contra Segi-la última es la detención en las puertas de la audiencia española de Ainara Bakedano- y los demás miembros de la audiencia están preparando el juicio contra los imputados por el cierre de Egunkaria.
Pues volviendo con su gracia Baltasar Garzón,éste ha decidido que todo esto se debe ampliar. En un breve auto de cinco páginas, el magistrado anunció 11 nuevas imputaciones (tres de ellas tuvieron ayer mismo fulminantes repercusiones políticas) y la citación, en calidad de testigos, de 10 personas vinculadas a la vida política y empresarial catalana, entre ellas,la exalcaldesa socialista de Badalona y enemiga declarada de este periodista que les escribe gracias a las influencias de miembros de Badalona Comunicació como Esther Marqués y Jordi Martí,Maite Arqué. El texto desvela datos no revelados en el anterior auto, como el supuesto cobro de un millón de euros por parte del exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz, y su madre, Josefina Calvet, también imputada con 86 años y un avanzado alzhéimer. Los acusados serán interrogados hoy y mañana en la Audiencia, pero antes, PSC y PP decidieron mover ficha , aunque con distinto grado de decisión.
Los consellers de Política Territorial i Obres Públiques y de Medi Ambient, Joaquim Nadal y Francesc Baltasar, respectivamente, acordaron ayer aceptar la renuncia voluntaria de Emili Mas, gerente del Institut Català del Sòl (Incasòl), el principal cargo público de la lista de nuevos imputados. El PSC, pues, decidió actuar ayer con la misma receta con la que, sin apenas tiempo al debate, expulsó del partido al exalcalde Muñoz tras su detención. Con ese mismo criterio, también dejó de ser militante socialista Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona, función que ya no ejercía desde que estalló el caso Pretoria,pero a lo que se suma como una ratificación de las informaciones publicadas por ORAIN en su día y con el lujo de detalles que dimos del pasado político de Ruiz Sabido.Pero el auto de Garzón obligó también al PP a reaccionar. Garzón implica en el caso al exalcalde de Sant Andreu de Llavaneres, el popular Víctor Ros, porque «durante su mandato se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio ayuntamiento». Ros perdió la alcaldía en el 2007 y desde entonces es concejal en la oposición. El partido le suspendió ayer de militancia, pero se abstuvo de pedirle que devuelva el acta de concejal.Como en el primer auto, Garzón imputó ayer lo que, en función del resultado de su investigación, son piezas fundamentales de un entramado delictivo que abarca comisionistas, empresarios, políticos, etcétera. En ese amplio espectro había ayer nombres inesperados, como las esposas de los exaltos cargos de Convergència Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, Doris Malfeito y Maria Lluïsa Mas Crussells, respectivamente, y la madre del exalcalde Muñoz.Malfeito, revela curiosamente ahora el auto, ya estaba imputada desde el pasado 30 de octubre, pero no había sido anunciado públicamente por el juez. Fuentes próximas a Alavedra explicaron que cuando el exconseller, que ha perdido más de 10 kilos de peso en la cárcel, fue informado ayer de la noticia, se derrumbó anímicamente. Igual sucedió con Muñoz. El magistrado afirma en el auto que la madre del exalcalde «habría intervenido en representación de sus hijos con Manuel Valera [imputado en el primer auto] como representante legal de Zellingen Gestión Inmobiliaria SL», una sociedad adquirida por el exdiputado socialista Luis García. Calvet y Muñoz, afirma el juez, «habrían resultado beneficiados» por una suma de un millón de euros, en dos pagos separados de 865.000 y 135.000 euros. La madre de Muñoz debería declarar mañana, pero sus familiares se apresuraron ayer para buscar un certificado médico que acredite su avanzado alzhéimer y evitarle así el viaje a Madrid.
El auto no precisa en qué modo Malfeito forma parte de la trama, pero tal vez se deduce de la acusación que formula contra Mas Crussells, la esposa de Prenafeta. De ella dice que ayudó a «purificar los beneficios de la actividades presuntamente ilícitas» de su marido y que es administradora de la sociedad Poliafers SL, «a través de la cual se canalizaron algunas de las comisiones cobradas por Lluís Prenafeta».
Con cuentagotas, el auto aporta breves destellos de luz, pero en el apartado dedicado al hasta ayer gerente del Incasòl, el juez se explaya al menos un poco. Le atribuye «un papel relevante para facilitar las relaciones e influencias» de Luigi, Alavedra y Prenafeta, «principalmente en dos operaciones, una en Cerdanyola del Vallès y otra en El Prat de Llobregat». «Tanto en una como en otra se producen pagos de comisiones», destaca.Pero a Emili Mas le acusa, sobre todo, de emitir, «como economistas y a requerimiento» del alcalde de Santa Coloma, «un informe negativo a una adjudicación que se encargó finalmente a Gramepark, con perjuicio de las empresas concurrentes, respecto de las cuales existía una clara voluntad de exclusión, pese a contar con informes favorables del ayuntamiento». Los tres párrafos que Garzón dedica a Mas concluyen con una última afirmación: «El informe se emitió como asesor externo del Ayuntamiento de Santa Coloma, pese al carácter de funcionario del Incasòl».La ronda de declaraciones de imputados la iniciará con la mujer de Alavedra y la acabará con el interrogatorio a Mas. En total serán 10 imputados. El undécimo, Philip McMahan, del que Garzón no revela más datos, reside fuera de España.Los testigos citados a declarar, entre ellos el exdirector general de Seguridad Ciudadana Lluís Renau, tienen cita el próximo 12 de enero.Y a todo esto añadan que Santa Coloma está preocupada por el secuestro de los tres cooperantes de Barcelona Acció Solidària,especialmente de Roque Pascual.Ya ven que manera más divertida nos hace el amigo Garzón de pasar la ya nevada dia internacional del euskara.Suerte que muy pocos catalanes dominan nuestra lengua,que sino...
Pd:Goian bego el jeltzale Luis Mari Bandrés.
