USTED ESTÁ ACREDITADO.Claridad absoluta contra los 20 franquistas que busca Argentina

MAUDILI PRIETO

Hay temas que deben tener tanta claridad como la destitución de Arrasate en la Real o el viaje de Urkullu por las Américas donde dice que ni Kutxabank se vende a terceros o que hay que unir Euskalherria como hermanos.Pues la claridad que se pide es con la decisión de la juez argentina Maria Servini de ir tras una veintena de falangistas del tardofranquismo.La lista es larga y densa y sus causa son múltiples.Antes de entrar en harina,que sepan que estos 20 ancianitos en la actualidad no eran más que una banda (y ya me disculparán) de hijos de la gran puta que la tomaron contra algo tan esencial como la libertad.Los 20 son Antonio Carro Martínez, ex ministro de la Presidencia  (1974-1975): Por haber convalidado con su firma la sentencia de  muerte por garrote vil de Salvador Puig Antich, producida el 2 de  marzo de 1974 y, también la de los últimos fusilamientos del régimen  franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos,  donde fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez  Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Angel Otaegui  Echeverría. El segundo,Licino de la Fuente, vicepresidente del Gobierno entre 1974 y  1975: Por haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de  Salvador Puig Antich, último condenado por garrote vil en España. Su  hermana Mercedes se querelló en la causa. Le sigue Antonio Barrera de Irimo, exministro de Hacienda: fallecido el  pasado septiembre. Acusado de convalidar la sentencia de muerte de  Salvador Puig Antich. Luego,uno de los "premios" para la juez como es José Utrera Molina, exministro franquista: Por haber  convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig  Antich.Actualmente,es el suegro del exministro español de Justícia,Alberto Ruíz Gallardon.Continuamos con José María Sánchez Ventura, ministro en el último gobierno  franquista: Por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos  fusilamientos del régimen franquista y Fernando Suárez González, ex ministro de Trabajo y  vicepresidente tercero del Gobierno en 1975: Por haber convalidado  con su firma las sentencias de muerte de los últimos fusilados del  franquismo. Pasamos por la adjucatura con Jesús Cejas Mohedano, exjuez: Por haber convalidado con su  firma, como vocal auditor en el Consejo de Guerra, las sentencias de  muerte de José Humberto Baena, José Luís Sánchez Bravo, Ramón García  Sanz; Juan Paredes Manot "Txiki" y Angel Otaegi Etxebarria, fusilados el 27  de septiembre de 1975. Volvemos a la política con letras mayúsculas con Rodolfo Martín Villa, exministro y exvicepresidente primero:  Responsable de la represión de la concentración de trabajadores en  Gasteiz el 3 de marzo de 1976 en la que fueron asesinados cinco  trabajadores, y en la que hubo más de cien heridos, muchos de ellos  por armas de fuego,que le acompaña Alfonso Osorio García, ministro de presidencia entre 1975 y  1976: Por su responsabilidad en la matanza de Gasteiz. Llegamos a cargos policiales y militares con Jesús Quintana Saracíbar, excapitán de Policía: Por su  responsabilidad en la matanza de Gasteiz;Carlos Rey González, capitán auditor del Cuerpo Jurídico del  Ejército en 1974: Por participar en el Consejo de Guerra de la causa  número 106/73, instruida por el Juzgado Militar Permanente n°3, que  juzgó a Salvador Puig Antich;Antonio Troncoso de Castro, coronel: Por su supuesta  responsabilidad como vocal suplente del Consejo de Guerra Sumarísimo  31/69 (Proceso de Burgos, diciembre de 1970) y de muchos de los  consejos de guerra y causas militares organizados contra luchadores  antifranquistas desde 1963 hasta el final de la dictadura;Jesús González Reglero: Por haber participado en supuestas  torturas inflingidas el 20 de febrero de 1975 de Alfredo Rodríguez  Bonilla y Francisca Villar en la Dirección General de Seguridad de  Puerta del Sol;Ricardo Algar Barón: Por presuntas torturas inflingidas a José  María Galante Serrano, quien relató que en su segunda detención, en  la que permaneció diez días en la Dirección General de Seguridad;Pascual Honrado de la Fuente: por posibles torturas infligidas  a Gerardo Iglesias Argüelles, ex secretario del PCE y ex Presidente  de Izquierda Unida;Jesús Martínez Torres: Por supuestas torturas inflingidas a  José Aznar Cortijo, quien fue detenido en el camino a Barcelona;Benjamín Solsona Cortés: Por posibles torturas a Juan José  López Hernando y a Francisco Camarasa Yañez el 23 de abril de 1971,  durante el Estado de Excepción en que se suspendió parcialmente el  Fuero de los Españoles;Atilado del Valle Oter: Se le acusa también por tentativa de  homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas.  El haber disparado y arrojado por la ventana a Miguel Jiménez  Hinojosa;Félix Criado Sanz: Habría participado en las torturas  denunciadas por Jon Etxabe Garitazelaia, quien refirió que fue  detenido el 11 de abril de 1969 y estuvo siete días en comisaría  siendo "salvajemente" apaleado. Según dijo, se utilizaron métodos de  tortura como golpes a mansalva, la rueda o la rana en Zamora y finalmente el médico Abelardo García Balaguer por su posible participación en la  sustracción del hijo de Adela Carrasco Martínez, quien dio a luz en  el Hospital Municipal de la Línea de la Concepción (Cádiz) el día 5  de noviembre de 1967. Como ven la juez argentina tiene razones más que suficientes para que ahora estos venerables ancianitos merezcan algo más que una mala comida en una residencia.Por ello,La asociación 3 de Marzo de Gasteiz, que representa a los cinco muertos y a las más de cien personas heridas en 1976 durante una carga policial en Gasteiz, ha pedido hoy al Gobierno de Mariano Rajoy que detenga a Rodolfo Martín Villa y le ponga disposición de la justicia argentina.El portavoz de esa asociación, Andoni Txasko ha valorado la decisión de la magistrada argentina María Servini de encomendar a la Interpol el arresto de 20 imputados por crímenes cometidos durante el régimen de Francisco Franco y los primeros años de la Transición española, entre ellos Martín Villa, para que puedan ser extraditados a Argentina y ser interrogados.Pero la valentia argentina,para Txasko,se encontrará con el frente español que defenderá a los 20 imputados y buscados a la resolución judicial de la magistrada, y duda que Rajoy cumpla con dicha orden internacional porque "el talante antidemocrático del ejecutivo de Mariano Rajoy por amparar la impunidad". Por tanto,claridad absoluta en este asunto.