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USTED ESTÁ ACREDITADO.Agur a la Doctrina Parot

A. MANTEROLA - A. PRADILLA
La doctrina de excepción que ha alargado las condenas de un centenar de presos toca a su fin. A las 11.30 en punto de ayer, siete años después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hacía pública la esperada sentencia. Los 17 magistrados concluían que se han vulnerado los derechos de Inés del Río y exhortaban a su puesta en libertad. Contrariados, los ministros españoles asumieron el obligado cumplimiento del fallo.
El 28 de febrero de 2006, el Tribunal Supremo español no solo rechazó el recurso presentado por Unai Parot que impugnaba la manera en que se le habían aplicado las reducciones de pena, sino que establecía una jurisprudencia que desde entonces se ha aplicado a casi un centenar de vascos, extendiendo su estancia en prisión durante siete años en algunos casos. Pero dos años después del cese definitivo de la lucha armada de ETA, en un contexto nuevo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho basta. La cadena perpetua de facto toca a su fin en el Estado español, y así lo asumían, muy cariacontecidos y a regañadientes, los ministros de Interior y Justicia apenas hora y media después.
El caso de Inés del Río fue el primero en llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de recorrer todas las instancias judiciales españolas. Una tras otra, avalaron la doctrina 197/2006. Su recurso, presentado el 3 de agosto de 2009, se fundamentaba en que dicha decisión vulneraba los derechos recogidos en el artículo 7 y en el 5,1 del Convenio de Derechos Humanos. Así lo entendió Estrasburgo en primera instancia en julio de 2012 y así lo reafirmó ayer, con lo que la sentencia ya es firme y no caben más recursos. Solo ejecutarla.
Ante una expectación enorme tanto en Euskal Herria como en el conjunto del Estado español, a las 11.30 la Gran Sala europea, compuesta por diecisiete jueces y presidida por el luxemburgués Dean Spielmann, hizo pública una resolución que ratifica la ilegalidad de la doctrina. La noticia del fallo corrió como la pólvora y fue recibida con serena emoción por los familiares y allegados de los presos vascos, en cuatro concentraciones simultáneas. Las dudas legales se aclararon más pronto de lo previsto, y pronto el Gobierno español asumía públicamente su derrota jurídica.
Veredicto contundente
El fallo de la Gran Sala se divide en cuatro apartados. En los dos fundamentales el consenso ha sido casi total. En lo referido al artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la evidencia de su quebrantamiento es apoyada por 15 de los 17 magistrados. En cuanto al artículo 5,1, existe unanimidad.
También se da la misma conformidad en lo que afecta a la obligatoriedad de la ejecución de la sentencia(art. 46). Así el Tribunal Europeo establece que las autoridades españolas deben garantizar la liberación Inés del Río «en el plazo más breve posible» (solo un juez se desmarcó).
Únicamente en la cuestión accesoria de la indemnización de 30.000 euros a la presa navarra por daños y perjuicios morales (art. 41) la opinión de los jueces está más dividida (10 a favor y 7 en contra). En cualquier caso, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, avanzó que la indemnización será destinada a compensar las que «en su día el Estado tuvo que satisfacer a las víctimas debido a la insolvencia de Del Río».
El propio Gallardón y su homólogo de Interior, Jorge Fernández Díaz, fueron los encargados de fijar la posición del Gobierno que dirige Mariano Rajoy tras el varapalo judicial. Lo hicieron con rostro muy serio, en una multitudinaria comparecencia en la que, tras la campaña diplomática desarrollada en los últimos meses, desviaron la aplicación de la sentencia de Estrasburgo hacia los tribunales españoles, y más concretamente hacia la Audiencia Nacional.
Obligado cumplimiento
Las líneas maestras de la respuesta del Ejecutivo se basan en: individualización de los casos, rechazo a cambiar la política carcelaria y amenaza de perseguir los eventuales actos de bienvenida a Inés del Río y a otros presos. Pero lo realmente sustancial de la comparecencia, y más aún tras las llamadas iniciales a la insumisión de algunas organizaciones ultras, estriba en la asunción de que el fallo es de obligado cumplimiento.
El matiz introducido aquí por los ministros es que corresponderá a los jueces evaluar cada recurso concreto. «No hay una doctrina generalizada», insistió Gallardón, que añadió que la forma de cumplir el dictamen «corresponde a los tribunales sentenciadores». «Tendrán que analizar caso por caso si resuelta aplicable. Hay que individualizar cada una de las peticiones y habrá que resolverlas», añadió. Sentado este procedimiento, el Ejecutivo sí que maniobrará, pero con escaso margen. Anuncia que desde la Fiscalía se realizará un «estudio profundo» sobre cada personas presa, tal y como indicó ayer el propio titular de Justicia.
En cuanto a la perspectiva política, en la rueda de prensa quedó claro que la gran preocupación de los dos ministros era no dejar espacio a las fisuras entre sus propias filas y eludir responsabilidades en la medida de lo posible. «Hemos utilizado todos los recursos que estaban a nuestro alcance y también trabajamos para que no vuelva a ocurrir», destacó Gallardón, que aprovechó para hacer apología de su proyecto de nuevo Código Penal, que incluye la cadena perpetua revisable y que se encuentra actualmente en trámite parlamentario.
Además, recordó que la doctrina 197/2006 no fue una iniciativa gubernamental, sino del Tribunal Supremo y refrendada por el Tribunal Constitucional. Se implantó, por cierto, en la época en que gobernaba el PSOE y después de que el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, abogara por «construir imputaciones» contra los presos que fueran cumpliendo sus condenas, a fin de impedir las excarcelaciones. Fue al hilo de la alarma social inducida al llegar la fecha de la liberación de Iñaki de Juana Chaos.
Tampoco ninguno de los dos ministros cayó en la tentación de llamar a la desobediencia, tal y como les exigían algunos colectivos de víctimas de ETA, que comparecieron públicamente a la misma hora. Dando por hecho que el dictamen de Estrasburgo abrirá el camino a las excarcelaciones («el Tribunal Constitucional ya ha establecido que las sentencias de Estrasburgo deben tomarse en consideración cuando existen situaciones privativas de libertad», admitió el ministro de Justicia), tanto Ruiz Gallardón como Fernández Díaz pusieron todo el énfasis posible en tratar de quitar hierro a la sentencia.
Y esa sentencia se cumplió ayer.Inés del Río ha recobrado su libertad pasadas las 16.15 de la tarde, cuando ha abandonado la prisión de Teixeiro tras permanecer 26 años encarcelada y ver alargada su estancia en prisión más de cinco años como consecuencia de la doctrina 197/2006.Allegados de la presa de Tafalla y las abogadas Amaia Izko y Ainhoa Baglietto la esperaban en el exterior de la prisión. Tras los primeros abrazos y momentos emotivos, la comitiva ha emprendido el camino hacia Euskal Herria.La ya expresa de Tafalla ha quedado en libertad después de que los 17 magistrados de la Audiencia Nacional hayan acordado su liberación inmediata, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que anula la sentencia 197/2006.El criterio unánime que ha defendido la Sala de lo Penal es firme una vez que se ha pronunciado la Gran Sala y su resolución de «obligado cumplimiento» para todos los Estados miembros que suscribieron el tratado por el que se dictó el Convenio Europeo de Derechos Humanos.La Fiscalía ha apoyado anteriormente la puesta en libertad de Del Río, ya que la resolución de la Corte europea es «clara a la hora de indicar la medida requerida para poner remedio al derecho o derechos vulnerados». Por consiguiente, ha reclamado que se le ponga en libertad en el plazo más breve, ya que entiende que la sentencia no da «ninguna elección».«La resolución es clara y concluyente: incumbe al Estado a asegurar la puesta en libertad de la demantande en el plazo más breve», señala el auto de la AN, que declara «extinguidas las responsabilidades penales por cumplimiento de la condena».Los magistrados consideran que «la sentencia de Del Río contra España es de las que deberían provocar, en un recurso de amparo si el tribunal de ejecución no hubiese estimado la pretensión de libertad, la rescisión de las resoluciones judiciales firmes que hubieran provocado al lesión actual del derecho a la libertad».El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado asimismo el bloqueo de la indemnización de 30.000 euros concedida a Inés del Río para destinarla «al pago de las responsabilidades civiles decretadas a favor de las víctimas".El proceso de excarcelaciones al que aboca la sentencia europea puede demorarse un tanto debido a la tramitación decidida por el Estado español, pero los casos estarán sobre la mesa de la Audiencia Nacional desde hoy mismo. Más adelante, ya el viernes, el tribunal especial celebrará una sesión ordinaria en la que estaba previsto el estudio de otros dos recursos, presentados por Joxepa Ernaga y Juan Manuel Piriz.Fuentes jurídicas consultadas por éste medio remarcaron que debería de abordarse también la situación de todos aquellos condenados por el Código Penal de 1973 y a quienes afecta la sentencia, aunque quizás la Audiencia Nacional trate de dilatar y escalonar el proceso. Es lo que pidieron la AVT y la FVT ayer tarde, en una rueda de prensa conjunta con los ministros de Interior y Justicia en la que incidieron en que no quieren ver una imagen de «un autobús» lleno de excarcelados.En cada procedimiento que abra la Audiencia Nacional se dará la palabra a la Fiscalía, que valorará cada caso tratando de explorar si hay algún resquicio que permita reclamar que continúe en prisión.Fuentes jurídicas interpretan que, a pesar de este anuncio, la Fiscalía no tiene argumentos que le sirvan para justificar esa vulneración de derechos fundamentales. Apuntaron a que se puede alargar unos días o alguna semana la decisión de excarcelar a esas personas, aunque ello en términos políticos puede desgastar la imagen del Ejecutivo de Mariano Rajoy. Serían, a su juicio, «triquiñuelas administrativas muy evidentes, difíciles de justificar ante instancias europeas».La sentencia de Estrasburgo debe provocar la excarcelación de 56 vascos que están ahora presos por la doctrina anulada. Pero además tendrá efectos lógicamente sobre otras decenas que se acercaban inexorablemente a la fecha de cumplimiento de condena y a las que el Estado quería alargar la estancia en prisión, como ha hecho desde febrero de 2006.

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