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EL DESTAPE DEL CASO PRETORIA CONFIRMA LOS CHANCHULLOS DE BARTOMEU MUÑOZ CON LUIS GARCIA,DEJANDO QUE ÉSTE FUERA EL ALCALDE DE FACTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

EL DESTAPE DEL CASO PRETORIA CONFIRMA LOS CHANCHULLOS DE BARTOMEU MUÑOZ CON LUIS GARCIA,DEJANDO QUE ÉSTE FUERA EL ALCALDE DE FACTO DE SANTA COLOMA DE GRAMENET MAUDILI PRIETO
No sabemos si el remedio es peor que la enfermedad,pero el levantamiendo del sumario del Caso Pretoria,del que se ha visto desbancado el juez español Baltasar Garzón,ha comenzado a destapar la caja de los truenos.Y es que según informa el rotativo "La Vanguardia",Luis de Andrés García, Luigi, actuaba "como si del alcalde se tratara". Esta es la conclusión que la Guardia Civil registra en los informes para el sumario de la operación Pretoria tras analizar documentos y, sobre todo, las conversaciones telefónicas de Luigi con el alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz.Conversaciones telefónicas (ver los diálogos adjuntos), seguimientos y documentos incautados en el transcurso de las pesquisas y que ilustran el comportamiento del que se ha considerado jefe de la trama desmantelada por la Audiencia Nacional el pasado 27 de octubre del año pasado, y señalan que la complicidad fue decisiva para que Luigi pudiera actuar como lo hizo. En contrapartida, el mediador benefició económica y políticamente al alcalde, al que, en algunas conversaciones con terceros, llamaba "el señorito".Aquel 27 de octubre, la Guardia Civil irrumpió en el Ayuntamiento de Santa Coloma y en los domicilios particulares de diversos políticos, cargos públicos, constructores y comisionistas. Uno de los detenidos fue el alcalde de la población, Bartomeu Muñoz. Según las investigaciones, Luigi estaba al corriente hasta el último detalle de todas las operaciones urbanísticas que se preparaban en Santa Coloma y decidía, imponiendo su criterio a empleados públicos y cargos políticos, a quién se adjudicaban y qué decisiones había que tomar de antemano para que, al final, el resultado de los concursos fuera beneficioso para él y sus socios, según consta en la causa. Incluso sabía mejor que el alcalde qué funcionarios estaban encargados de las operaciones. Las conversaciones grabadas por orden del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y los seguimientos realizados a lo largo de casi un año evidencian cómo Luis de Andrés García y el propio alcalde pactan estrategias para eludir a quienes dentro del propio consistorio se oponen a sus tretas. En una de estas conversaciones aseguran que han de "quitarse de enmedio" a algunos de ellos. En otras ocasiones, impiden que información que comparten llegue aciertas personas como por ejemplo cuando Bartomeu Muñoz amaña el contrato de recogida de basuras con la empresa Limasa. "De esto a Pascual (Vela, director de servicios, también imputado) nada de nada", instruye a una funcionaria de nombre Gemma, por teléfono. La connivencia con el alcalde permitía a Luigi actuar con total impunidad para alcanzar sus objetivo: ordenaba colocar como ganadores en los concursos de adjudicación a sus patrocinados aunque, enalgún caso, hubiesen quedado situados en la evaluación de las plicas en lugares tan remotos como el noveno ofertante. "No te preocupes, yo me lo guiso. A ver cómo me lo monto", le dice Luigi a Joan Maria Pujals, quien fue conseller de la Generalitat con CiU y ahora es delegado de Ortiz Construcciones en relación con la operación Ciba de Santa Coloma. El edificio no se hizo. Actuando de este modo, una compleja estructura de empresas, generalmente representadas por testaferros del propio Luigi, se benefició de comisiones pagadas por constructores por sus gestiones en ayuntamientos y, muy particularmente, en el de Santa Coloma. La investigación ha logrado hacer el seguimiento de, al menos, medio millón de euros pagados, en diversas entregas y en diversas fechas, por la constructora Proinosa, una de las principales beneficiarias de las operaciones realizadas en Santa Coloma. Pero no es un caso único. En la relación de compañías que contratan a Luigi figuran, al menos, los nombres de diez que habrían utilizado la influencia del ex diputado del PSC. Luego, cada una pagaba la correspondiente factura que oscilaba entre el 3% y el 5% del beneficio obtenido.
La capacidad de influencia de Luis de Andrés García es muy amplia. La documentación incautada por el juzgado pone en evidencia los numerosos contactos que mantenía. Tal es el caso del gerente del Incasòl, también imputado en esta causa, Emili Mas, con el que, según la agenda incautada en su oficina de la calle València de Barcelona se habría reunido, desde enero del 2009 hasta octubre, en que fue detenido, en once ocasiones. Con el presidente de la Diputación, Antoni Fogué, constan también dos encuentros. Cinco veces se dio cita con Juan Felipe Ruiz, el consejero delegado de Marina Badalona, también imputado en esta causa. Otras siete citas habría mantenido con Genís Carbó, otro de los imputados en la causa. También se habría citado en una ocasión con el presidente de Espais, Lluís Casamitjana, con quien hay registradas largas conversaciones en torno a sus negocios en común, y en otra ocasión con el ex secretario del Govern de la Generalitat, Lluís Prenafeta, con quien Luigi compartió diversos tratos, según figura en la investigación. Las conversaciones grabadas y el contenido de estas agendas evidencian para los investigadores el modo de trabajar de Luis de Andrés García y le permite reconstruir su papel en las tres principales operaciones urbanísticas de este caso que se remontan a los años 2004 y 2005. Luigi, según esta investigación, habría jugado un papel relevante en las recalificaciones de Cúbics en el que los promotores habrían obtenido un beneficio de 16 millones de euros, o en en el puerto de Badalona, donde las maniobras generaron otros 13 millones. Por cada uno de ellos, Luigi habría obtenido su comisión.
SE CONFIRMAN LAS INFORMACIONES DE ORAIN SOBRE JUAN FELIPE RUIZ SABIDO
A raíz del levantamiento del sumario,el secretísmo en los medios de comunicación de Badalona ha quedado en evidencia en relación al consejero delegado de Marina Badalona.Según el sumario,13 millones de euros y cinco reuniones dejarian en evidencia que quien fue el brazo armado de la primera época de gobierno de Joan Blanch en el consistorio de Badalona,gran amigo del exlehendakari navarro,Gabriel Urralburu, y hombre fuerte del gobierno español en la época final de Felipe González en Menorca tenía que conocer a la fuerza lo que estaba haciendo.Lamentablemente,quiénes le situaron en el puesto no lo llevaron a control,como era el tripartito entre socialistas,comunistas y ERC.
LA FRASE DEL CASO:"Búscame una clausulita para no hacer concurso"
Las conversaciones grabadas apuntan abiertamente a la utilización de ciertos subterfugios para lograr eludir la ley para favorecer a las empresas que más convengan a Luigi y al alcalde. El 1 de julio de 2009, a las 15 horas, el alcalde de Santa Coloma, Batomeu Muñoz y Luis Andrés García Saez mantienen una conversación sobre la construcción de unas viviendas en la calle Doctor Ferrán que, en aquel momento, pretenden adjudicar a la empresa Premier sin necesidad de convocar nuevos concursos. Bartomeu Muñoz le dice a quien fue diputado del PSC en el Parlamento catalán: "He hablado con Javier (el secretario municipal, Xabier Ezkiaga, en quien el ex alcalde tenía plena confianza para dar cobertura jurídica a sus decisiones) y le he dicho que busque una clausilita que le permita seguir haciendo sin necesidad de concurso". Luigi responde en esta conversación que él mismo redactará "una propuesta de clausula para que le sirva de inspiración al secretario". El alcalde, termina el resumen de esta conversación asegura que "es muy importante que el secretario esté siempre desde el primer momento en estas cosas".
Pero aquí no se quedaba la cosa.Luís García dirigía los detalles de las operaciones, incluso las que atenían a cuestiones administrativas de los municipios, según se describe en los informes sumariales. Por ejemplo, para llevar a cabo una obra con la participación de la empresa pública Gramepark en la antigua fábrica Ciba, el solar dónde hubo una fábrica y donde estaba previsto, en principio, unos usos sociales que fueron luego modificados con un incremento de suelo residencial disminuyendo el suelo destinado a equipamientos como guarderías y aparcamientos. Bartomeu Muñoz tiene algunas dudas empezando por el nombre del proyecto. En una conversación telefónica Luis García despeja las dudas con autoridad frente al cargo público.Múñoz,que hace unos días fue visto jugando a golf en el Club de Golf de Sant Cugat del Vallès,le contestó en aquel momento "Ciba, no, no".Inmediatamente,Luigi dijo que "Se llamará como se tenga que llamar, y será participada más menos al 49 y 51%, porque piensa que por ley necesito que Gramepark sea minoritaria, porque si es 50 me consolida y si es minoritaria, ya no me consolida".Múñoz acepta con una ventaja:"Y encima además me pagarán la licencia de obras",a lo que García espeta "Y, encima, nos pagará, la sociedad pagará la licencia de obras y todo lo demás".
UN PASEO DE IDA PERO DE MALA VUELTA
El 27 de octubre del 2009, una operación de la Audiencia Nacional sacudió la vida política catalana. Por orden del juez Baltasar Garzón, fueron detenidas ocho personas acusadas de fraudes urbanísticos y blanqueo de capitales, entre otros delitos. La lista era llamativa: en ella figuraban Bartomeu Muñoz (entonces alcalde de Santa Coloma de Gramenet), Macià Alavedra, Lluís Prenafeta (ambos ex altos cargos de la Generalitat) y Luis García, conocido como Luigi, ex diputado del PSC en el Parlament de Catalunya e intermediario.En realidad, era un asunto de ida y de muy mala vuelta, porque se trataba de una investigación que se derivaba de otra, que también tuvo como punto de referencia Barcelona para viajar a Madrid, hasta el edificio de la Audiencia Nacional. Se trataba de un tema destapado en el año 2002, a raíz de la persecución de un posible blanqueo de capitales por el cual se registró un bufete de abogados en la ciudad, Petrus, donde se halló la pista que conducía hasta Luis García y de allí se siguió el hilo hasta las operaciones urbanísticas sospechosas de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.En Pretoria, nombre que recibió esta investigación de la Audiencia Nacional, también se investigaron cuentas, empresas y pagos a través de paraísos fiscales. Por ejemplo, se vincula a Luis García a una sociedad llamada Marwood Internacional, que recibió comisiones en la operación Pallaresa en Santa Coloma. Marwood, según los informes sumariales, está radicada en Costa Rica, y tiene una cuenta abierta en Suiza.También se han indagado movimientos financieros del ex conseller de Economia de la Generalitat, Macià Alavedra. En uno de los informes del sumario se habla de que dispone de estructuras financieras en el exterior, con apoyo en las islas Caimán y cuentas bancarias en Portugal y Suiza. Además, en un informe que obra en la causa se describen las relaciones descubiertas por la Guardia Civil entre Macià Alavedra y un intermediario financiero de Andorra, que controlaba inversiones en bolsa del ex conseller desde el extranjero.Los agentes no sólo tenían información de estos flujos financieros por medio de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juzgado, y registraron conversaciones entre ambos, sino que realizaron seguimientos a una persona que bajó dinero en efectivo por orden del intermediario financiero, al parecer 300.000 dólares, y que fue seguido desde Andorra hasta Barcelona; se le vio en el estacionamiento donde dejó su coche y se comprobó cómo entraba en el edificio donde tiene su despacho profesional Macià Alavedra, donde era esperado por un empleado para agilizar la entrada en el inmueble, que dispone de especiales medidas de seguridad. Para descubrir posibles ramificaciones en el extranjero, el juez que dirigía la investigación, Baltasar Garzón, envió comisiones rogatorias a varios países y también solicitó la declaración de un financiero andorrano, que a su vez estaría en posesión de datos sobre flujos financieros de las comisiones derivadas de las operaciones urbanísticas.
NORK DA KASU HAUETAN?...
LUIS DE ANDRÉS GARCÍA SÁEZ
56 años. Ex diputado del PSC en el Parlament de Catalunya. Intermediario. Cobró comisiones por las operaciones de Santa Coloma (Pallaresa, Ciba, aparcamientos de Gramepark, guarderías y el Mercat del Fondo), Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. Se le acusa de manipular el urbanismo y dirigir la red de intereses entre los cargos públicos y el sector privado.
BARTOMEU MUÑOZ CALVET
52 años. Ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet. Imputado por las operaciones dudosas en la población y también por cobrar comisiones en la operación de Badalona.Se alzó con el líderato del partido en la comarca ante la debilidad de Maite Arqué como alcaldesa de Badalona y las relaciones tumultuosas del partido en dicha ciudad,como así de las débiles estructuras de Tiana y Montgat,sobretodo por el fracaso de Rosa Alemán como alcaldesa de Montgat entre 1999 y 2003.Sólo Manuela de Madre,como exalcaldesa,y el alcalde de Sant Adrià de Besòs,Sito Canga,podían hacer sombra al "hijo del alcalde facha",Blas Muñoz.
MACIÀ ALAVEDRA MONER
76 años. Ex conseller de la Generalitat. Empresario. Acusado de intermediar en operaciones de Badalona, Sant Andreu de Llavaneres, Cerdanyola y el intento de venta de un edificio a la Generalitat. Investigado por blanqueo de capitales.Alavedra fue uno de los hombres fuertes de los primeros gobiernos de Jordi Pujol.
LLUÍS PRENAFETA GARRUSTA
71 años. Ex secretario de Presidència de la Generalitat. Intermediario en el intento de venta de un edificio a la Generalitat y comisionista en operaciones en Badalona, Cerdanyola y Sant Andreu de Llavaneres.Prenafeta es considerado el padre de TV3 y de las Oficinas de Bienestar Social,hoy llamadas de Acción Ciudadana,y fue quien facilitó la entrada de determinadas personas a la función pública catalana en ese ámbito por conveniencias políticas,tal y como ORAIN ha denunciado sistemáticamente.
MANUEL DOBARCO TOURIÑO
63 años. Ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma de Gramenet y ex presidente de Gramepark. Acusado de intermediar en operaciones urbanísticas fraudulentas. El gallego era el hombre fuerte en el urbanísmo colomense.
PASCUAL VELA LAS CUEVAS
51 años. Ex director gerente del área de servicios municipales de Santa Coloma de Gramenet. Imputado por operaciones urbanísticas fraudulentas en la ciudad.
LLUÍS FALCÓN MONTALVO
53 años. Arquitecto municipal de Santa Coloma de Gramenet. Implicado en la operación Pallaresa,donde se construyeron los Cubics,y cobró honorarios de Proinosa.
JUAN FELIPE RUIZ SABIDO
63 años. Ex consejero delegado de Marina Badalona. Acusado de facilitar la operación de Badalona por su amistad con Luis García.Llevó al banquillo a la exalcaldesa de Badalona,Maite Arqué,que se libró en el último minuto de seguir imputada por Garzón.
GINÉS CARBÓ BOATELL
54 años. Ex director del plan metropolitano de Barcelona y ex alto cargo de Urbanisme de la Generalitat con los gobiernos de CiU. Se le acusa de cobrar una comisión y favorecer el desarrollo de la operación de Sant Andreu de Llavaneres.Es conocido de personas que han aparecido en ORAIN como Enric Ticó o Ferran Falcó,vinculadas a otros casos como la contratación a dedo del padre de la responsable de la edición de "El Punt" en Badalona,Sara Múñoz.
ANTONIO JIMÉNEZ GÓMEZ
37 años. Fue concejal de Urbanismo de Sant Andreu de Llavaneres. También trabajó en el Ayuntamiento Santa Coloma de Gramenet.
LLUÍS CASAMITJANA SERRACLARA
50 años. Empresario de la construcción. Presidente de Espais Promociones Inmobiliarias. Usó a Alavedra y Prenafeta para conseguir llevar a buen puerto negociaciones con la Administración. Se le relaciona con la operación de Badalona.
JOSEP SINGLA BARCELÓ
56 años. Empresario de la construcción y ex presidente de Proinosa. Acusado por operaciones urbanísticas en Santa Coloma de Gramenet.
MANUEL CARRILLO MARTÍN
69 años. Presidente de la empresa Limasa. Se le acusa de conseguir fraudulentamente el contrato de limpieza de Santa Coloma de Gramenet.
LLUÍS RENAU FOLCH
Ex director general de Seguretat de la Generalitat con CiU. Se le atribuye haber cobrado una comisión en la operación de Badalona.Según ha sabido ORAIN,el Departamento de Política Territorial de la Generalitat,en pleno acabóse del gobierno de Pujol,emitió un edicto con fecha 22 de octubre de 2003, de notificación de incoación y de pliego de cargos,donde se notifica a Immodarder, SL, y Lluis Renau Folch, con domicilio desconocido y en relación con el expediente HLB200100161, que en fecha 22 de septiembre de 2003 la jefa del Servicio Territorial de Arquitectura y Vivienda de Barcelona resolvió incoar un expediente sancionador "por infracciones del régimen legal que regula estas viviendas contra Immodarder, SL, Sergi Ponz Batet, Lluis Renau Folch y Construcciones Penco Tarin, SL, y nombrar al instructor y a la secretaria del expediente".

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