La Fiscalía de la Audiencia Nacional española solicita entre ocho y doce años de prisión para los militantes independentistas procesados en el sumario 35/02 contra Batasuna, a los que acusa de "pertenencia" y "colaboración" con ETA.En el escrito de acusación, filtrado por Efe y Europa Press, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española reclama doce años de prisión para Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach, a los que acusa de "pertenencia a organización terrorista" en grado de dirigentes.Además, el Ministerio Público solicita diez años de cárcel para otros 20 militantes de la izquierda abertzale por "pertenencia a organización terrorista", mientras que para los otros 17 procesados pide ocho años de prisión por "colaboración" con ETA, según las citadas agencias.Baltasar Garzón dio por concluido el 1 de abril de 2008 el sumario 35/02 que abrió en agosto de 2002 contra Batasuna, procesando a un total de 41 ciudadanos vascos, entre ellos el histórico dirigente abertzale Jon Idigoras, fallecido en junio de 2005.Dos semanas después de finalizar la instrucción, Garzón reabrió el sumario y volvió a cerrarlo para incluir nuevos informes policiales y encausar a dos ciudadanos vascos más.Los procesados para los que la Fiscalía pide diez años son los siguientes: Karmelo Landa, Juan Kruz Aldasoro, Joseba Álvarez, José Luis Elkoro, Josu Iraeta, Adolfo Araiz, José Antonio Egido, Txekun López de Aberasturi, Karlos Rodríguez, Mikel Arregi, Esther Agirre, Miren Jasone Manterola, Floren Aoiz, Kepa Gordejuela, Isa Mandiola, Juanpe Plaza, Antton Morcillo, Santi Hernando, Shanti Kiroga y Jon Gorrotxategi.La petición de ocho años es para José Luis Franco, Maite Amezaga, Joseba Garmendia, Juan Francisco Martínez, Juani Lizaso, Jaione Intxaurraga, Joseba Imanol Kortazar, Rubén Granados, Enrike Alaña, Agustín Rodríguez, Patxi Jagoba Bengoa, Idoia Arbelaitz, Izaskun Barbarias, Sabin del Bado, Bixente Enekotegi, Andrés Larrea y Pedro Félix Morales.La Fiscalía no presenta acusación contra Josu Urrutikoetxea y Jon Salaberria, el primero por encontrarse en paradero desconocido y el segundo al estar preso en el Estado francés.En su escrito, el Ministerio Fiscal sostiene que desde 1978 y hasta que Batasuna fue declarada ilegal en marzo de 2003, su "simbiosis" con ETA fue "absoluta" y las distintas estructuras del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) llevaron a cabo "una actividad complementaria de apoyo, soporte y cobertura a las estrategias y fines de la organización terrorista, sin las que no hubiera sido posible la subsistencia de ésta".A los procesados en el sumario les acusa de ser responsables de la "materialización del control de ETA sobre Herri Batasuna/Euskal Herritarrok/Batasuna, desarrollando en el entramado institucional las directrices de apoyo operativo y logístico".De Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Joseba Permach dice que "por su liderazgo y por las funciones de coordinación del frente institucional que tenían asignada", junto a otros encausados "posibilitaron la organización de las actividades a realizar a modo de protección y cobertura del proyecto diseñado por ETA".Sobre las herriko tabernas, el fiscal afirma que son "un proyecto político ideológico de ámbito nacional que ha de servir como instrumento financiero de otras estructuras" de la organización armada "de forma directa e indirecta", y que "su apariencia disociada obedece a una estrategia de ocultación del sistema de financiación de ETA".Este sumario se abrió a partir de la detención en abril de 2002 de once personas entre las que se encontraban Jon Gorrotxategi y Rufi Etxeberria. Garzón decretó posteriormente el embargo de 75 herriko tabernas y su administración judicial.El 20 de agosto de 2002, el juez inició los trámites para suspender las actividades de Batasuna argumentando "la integración aparente de ésta en el complejo terrorista ETA-KAS-Ekin".Días más tarde, el 26 de agosto, el mismo juez emitió un auto en el que decretó la suspensión de todas las actividades de Batasuna, lo que se tradujo en la clausura por tres años de todas sus sedes.El 2 de setiembre de 2002, el Ministerio Fiscal formuló ante la Sala Especial del Tribunal Supremo, regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la demanda de disolución de los partidos políticos Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.El 27 de marzo de 2003, el Tribunal Supremo español dictó sentencia declarando ilegales los tres partidos políticos independentistas.
0 comentarios