EL EXCONSEJERO DE INDUSTRIA DE CANTABRIA Y AMIGO DEL CONVERGENTE ENRIC TICÓ PODRIA IR A PRISIÓN

La suerte está echada para quien fuera consejero de Industria del Gobierno de Cantabria,Javier del Olmo.Tal como cuenta la compañera de "El Diario Montanés",Consuelo de la Peña,el juicio contra del Olmo concluyó con una leve reducción de la petición de penas por parte de las acusaciones, que mantuvieron las imputaciones. Tras dos jornadas de banquillo, a Del Olmo no le queda sino esperar la sentencia.El Ministerio Fiscal sostuvo sus acusaciones contra el ex consejero del Olmo, a quien considera responsable de los delitos de obstrucción a la justicia y prevaricación en relación con el despido de dos trabajadores en su etapa de presidente de la Autoridad Portuaria. Sin embargo, rebajó de tres a dos años y medio la petición de prisión y reiteró los ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público,cosa que supondría igualmente el hecho de que el ex-consejero ingresara en un centro penitenciario.
Del Olmo se sentó de nuevo en el banquillo de los acusados en la última jornada del juicio que sigue contra él en el Juzgado de lo Penal número 2. Vestido de traje gris y semblante serio, escuchó estoico las imputaciones que la fiscal superior Teresa Calvo y el abogado de los dos trabajadores del Puerto dirigieron contra él, en el trámite de conclusiones definitivas. También oyó cómo su abogado trataba de rebatir uno a uno el argumentario acusatorio para pedir la absolución.Antes de que el juez José Hoya Coromina declarase el juicio visto para sentencia, concedió al reo su derecho a la última palabra, pero no lo utilizó. Todo lo que tenía que decir lo expuso el pasado día 29 de octubre en su declaración.Las declaraciones de los nueve testigos de la defensa, realizadas ayer en el plenario, no movieron a las acusaciones de sus posiciones iniciales. La fiscal Teresa Calvo reiteró que Del Olmo despidió al jefe del departamento de Finanzas del Puerto, José Manuel del Río Oyarbide, como represalia por haber declarado a favor de otro trabajador, Antonio Martínez, y en contra de los intereses la Autoridad Portuaria. Y esa conducta, a juicio de las acusaciones, constituye un delito de obstrucción a la justicia. Así, según su relato, el mismo día que el acusado conoció la sentencia de la jurisdicción laboral que condenaba al Puerto a reconocer la calificación profesional que reclamaba Martínez dentro del organismo, llamó a Del Río a su despacho, le amedrentó y le dijo que iba a ser despedido.Del Olmo cumplió sus amenazas y a los pocos días entregó la carta de despido al directivo, un acto que otro Juzgado de lo Social declaró nulo posteriormente.Pero además, según concluyeron fiscal y acusación particular, el entonces presidente de la Autoridad Portuaria acordó ese despido «con total y absoluta falta de competencia», ya que tal decisión sólo podía adoptarla el Consejo de Administración, circunstancia que Del Olmo conocía perfectamente. Es decir, cometió un delito de prevaricación por dictar una resolución arbitraria e injusta (el despido) a sabiendas. Dos meses después, el responsable del Puerto también despidió a Antonio Martínez por el uso indebido de Internet, sanción que sustituyó después por 30 días de suspensión de empleo y sueldo. Otra prevaricación.Ambos funcionarios ganaron todos los pleitos que promovieron en la jurisdicción laboral contra la Autoridad Portuaria y en la actualidad desarrollan su actividad en este organismo, sin ningún baldón en su expediente.
El ex presidente del Puerto negó en su declaración todas las imputaciones. Desmintió que despidiera a Del Río Oyarbide por declarar en un juicio laboral contra el Puerto, sino que lo hizo porque vulneró las normas de organización de ese organismo, moviendo a Martínez de puesto de trabajo sin la preceptiva autorización. Y de esta situación se enteró cuando leyó la sentencia del Juzgado de lo Social.Por eso su abogado Cristóbal Martell rechazó también la supuesta «persecución insidiosa» del trabajador invocada por las acusaciones y habló de una coincidencia cronológica. El letrado reiteró que Del Olmo convocó al directivo en su despacho para preguntarle si era cierto, tal y como se decía en la sentencia, que había «movido alegremente» a otro trabajador del puesto de trabajo sin autorización.Martell consideró «atormentado» pensar que una reclamación de clasificación profesional, como la impulsada por Antonio Martínez, desatara en el presidente del Puerto una «conspiración asamblearia» con la colaboración de todo el Puerto de Santander y «la implicación del secretario general de Comisiones Obreras y del delegado de UGT».Y es que Javier Puente, entonces responsable de CC OO y miembro del Consejo de Administración del Puerto, y el delegado de UGT en este organismo declararon ayer que Del Olmo fue receptivo a dar una salida negociada al despido de Del Río y que ningún consejero cuestionó la competencia del presidente para echar al trabajador.
Sea cual sea la decisión,lo que es evidente es que si hace unos días acusamos a quien fuera director general de Transportes de la Generalitat durante la época de Jordi Pujol,Enric Ticó,de haber favorecido,conjuntamente con Felip Puig y Ferran Falcó,al exconcejal socialista de Badalona Pedro Muñoz,en el caso que nos atañe con el hoy presidente de FETEIA,resulta ser que Ticó y del Olmo eran amigos íntimos.Tan lejos llegaba esa amistad que Ticó aseguraba que podía "obtener puestos de trabajo" en la consejería cántabra gracias a la relación "de compadreo" con el consejero.Tanto fue así que intento una operación de traspasar a un empleado de la administración catalana a la consejeria para ocupar "algún cargo".Esta operación,que estuvo entre el verano y la navidad de 2007 encima de la mesa quedó anulada cuando Ticó debió ser advertido por alguien de su partido que la supuesta ayuda que iba a dar Del Olmo a Ticó no se podía llevar a cabo,ya que el partido del catalán,Convergència Democràtica de Catalunya,tenía "otras ideas" con el susodicho empleado y Ticó dejó de tener contacto radicalmente con el trabajador público.