MANUELA DE MADRE IMPONE SU LEY EN SANTA COLOMA Y EL HIJO DE PUJOL GUILLOTINA "PROVISIONALMENTE" A LAS MANOS DERECHAS DE SU PADRE Y A QUIEN HAN SOSTENIDO EL PUJOLISMO

MAUDILI PRIETO
Manuela de Madre,en su abatimiento y tristeza,ha decidido dar un puñetazo contunde en la mesa y volver a dominar ese feudo tan importante para los socialistas catalanes como Santa Coloma de Gramenet del mismo modo que Ezkeraldea es para el PSE y Patxi López.El PSC ha diseñado ya el protocolo de actuación que permitirá una transición rápida y nada traumática en el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. Como anunció el secretario de organización de los socialistas catalanes, José Zaragoza, nada más estallar la operación Pretoria, el partido propondrá al pleno municipal la elección de un nuevo alcalde, una vez que Bartomeu Muñoz sea expulsado mañana. Ese nombre será el del actual presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, quien, al asumir la vara de mando, empezará a preparar en paralelo otra responsabilidad, la de ser el candidato socialista a las próximas elecciones municipales, en el 2011.
Según fuentes consultadas por ORAIN, el PSC se decanta por Fogué como sustituto del imputado Muñoz, que será suspendido de militancia mañana, en una reunión extraordinaria de la ejecutiva socialista. Aunque haya tenido que ser de forma tan abrupta y forzados por un asunto turbio –las irregularidades cometidas por Muñoz–, el equipo de José Montilla aplicará en este caso la estrategia que tantas veces ha ejecutado en otros municipios. Cuando el partido apuesta por un nuevo cabeza de lista en una localidad donde ostenta la alcaldía, su antecesor renuncia a la mitad del mandato para que el promocionado labre con tiempo su candidatura.Las mismas fuentes aseguraron que el procedimiento que se seguirá en Santa Coloma será el mismo, pero que los acontecimientos han obligado a llevarlo a cabo de forma más acelerada de lo habitual. Fogué, quien actualmente es concejal sin cartera en Santa Coloma, se convertirá en alcalde siete años después de que el partido optase por Muñoz como relevo de Manuela de Madre –Fogué es el marido de la actual vicepresidenta del PSC–, pese a ser el preferido de Montilla.
En el 2008, Muñoz y Fogué fueron los protagonistas de otra designación improvisada por las circunstancias. Cuando José Luis Rodríguez Zapatero se llevó a Celestino Corbacho de ministro a Madrid, quedaron vacantes la alcaldía de L’Hospitalet y la presidencia de la diputación barcelonesa. Esa batalla sí la ganó Fogué. Parece que fue la falta de sintonía entre Muñoz y Zaragoza lo que más pesó al final.De momento, y hasta que el pleno municipal elija al nuevo alcalde, las funciones las ejerce de forma accidental el primer teniente de alcalde, Joan Carles Mas. El equipo de Gobierno local ha mostrado la misma diligencia que la cúpula del PSC a la hora de reaccionar ante el caso Pretoria. El ayuntamiento publicó ayer un número de su boletín oficial en el que incluye un comunicado que garantiza la «prestación de los servicios municipales» y la «preservación de la dignidad, la transparencia y la honestidad» del consistorio. El boletín incluye cuatro artículos sobre el caso de los portavoces de todos los grupos municipales: PSC, PPC, ICV-EUiA y CiU,como cada 15 días desde el cambio reciente de diseño del boletín municipal,que hacía una edición en color al mes y 3 en blanco y negro con la información básica,como las farmacias de turno.
INDIGNACIÓN DEL GRUPO SOCIALISTA
Algunos concejales socialistas ya no ocultan su rabia por los hechos que han conocido esta semana. La segunda teniente de alcalde, Carmen Moraira, expresó en TV3 su «indignación y consternación», y habló de Muñoz sin contemplaciones: «Ha pasado de ser un compañero a un presunto delincuente».Por ahora,Mas,Antonio Carmona y la mísma Moraira asumirán el control hasta la llegada de Fogué al despacho del hoy preso Muñoz.La líder del PP colomense,Mari Carmen Saez,está preparando un plan para aprovechar el tirón mediático y acabar con el líderato de Xavier Garcia Albiol en Badalona,el cual aspira a lograr la alcaldía de Badalona en el 2011 pero con la rivalidad aguda del partido fascista Plataforma x Catalunya,que pretende extender la mancha del hartzago de la ciudadania de las comarcas de Barcelona con la inmigración.
TIRANDO CON CARIÑO A LOS AMIGOS DE PAPÁ
Oriol Pujol fue la imagen del olvido de todo aquello que le hizo crecer como político y de desagradecer,cariñosamente,eso si,los favores al "papà".Convergència Democràtica ha tomado la decisión de suspender «temporalmente» la militancia de los dos exaltos cargos de CiU en la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, una vez que han ingresado en prisión como imputados en el caso Pretoria. Sin embargo, los convergentes advirtieron de que la medida va dirigida a cortar de raíz cualquier vinculación del partido con la trama corrupta, ya que siguen confiando en su inocencia. De hecho, la decisión tiene casi un cariz de favor a los veteranos militantes, pues CDC denunció que su adscripción política les perjudica para «probar su inocencia», pues se está intentando implicar a la federación nacionalista en una «falsa» trama política.
El portavoz de CiU en el Parlament, Oriol Pujol, anunció que la ejecutiva de CDC dará luz verde la tramitación de las suspensiones temporales «para una mejor defensa de su inocencia». Aunque admitió que la medida se tomaba sin haber hablado con Alavedra y Prenafeta, por la imposibilidad de contactar con ellos, a primera hora de la tarde CDC habló con los abogados de los acusados, quienes trasladaron su voluntad de ser suspendidos temporalmente «para demostrar su inocencia al margen de cualquier vinculación política». Petición que, curiosamente, coincidió con la justificación que había dado Pujol por la mañana. «El hecho de haber sido cargos de CiU les otorga una notoriedad excesiva que entorpece el proceso», afirmó.
Mientras el PSC no ha tenido la más mínima palabra de afecto por sus cargos implicados –más allá de la presunción de inocencia– y el anuncio de la expulsión fue inmediato, los convergentes renovaron ayer su «estima y calor» para los encarcelados, al tiempo que censuraron la «vejación pública» y el «encarnizamiento y escarnio» con los detenidos por mostrarlos esposados.La estrategia convergente tiene dos frentes. El primero requiere dejar sin efecto las voces que ven tras el caso Pretoria una trama política PSC-CiU para enfatizar que cualquier ilegalidad cometida por Alavedra y Prenafeta se ciñe a sus «actividades privadas». El segundo consiste en subrayar que los cargos socialistas acusados ejercían sus funciones en la actualidad, por lo que el PSC debe «aclarar» su grado de implicación en el caso.Para empezar, CDC exigió ayer una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Santa Coloma para auditar las contrataciones de obras, servicios y proyectos urbanísticos de los últimos años. También pidió que se paralicen de forma cautelar todos los proyectos aprobados «con los únicos votos del PSC»,aunque no hay que olvidar que la caída de Carles Viñas del líderato convergente para la llegada de Manel Olivès,que si estuvo en el gobierno de Muñoz desde 2003 hasta 2007,ha permitido la pervivencia del "Cortijo colomense" que siempre ha denunciado ORAIN,compuesta por militantes y simpatizantes del partido de Pujol que comenzaron a trabajar en las redes de servicios sociales de la Generalitat,que,a la par y por coincidencia del destino,fueron creadas por Lluís Prenafeta.
HASTA EL INSTITUTO CATALÁN DEL SUELO ESTÁ IMPLICADO
Ni Garzón lo había tenido tan claro como cuando hace operaciones contra la Ezker abertzalea. Así de sorprendente es el auto que el juez Baltasar Garzón redactó el viernes pasado por la noche y que conllevó el encarcelamiento sin fianza del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; uno de sus principales colaboradores municipales, Manuel Dobarco; los exaltos cargos de Convergència Macià Alavedra y Lluís Prenafeta, y el exdiputado del PSC Luis García, este último engranaje fundamental de la trama, pues se le atribuyen poderes y maneras semejantes a las de Juan Antonio Roca en Marbella o Francisco Correa en el caso Gürtel. Esos y otros imputados en libertad bajo fianza son el núcleo de la acusación del magistrado, pero el auto, casi como si de un iceberg se tratara, parece esconder bajo la línea de flotación decenas de detalles sin aclarar. Tanto es así que ayer el alcalde de Badalona, Jordi Serra, pidió una dimisión y la Generalitat anunció una investigación interna en el Institut Català del Sol (Incasòl).El juez de la Audiencia española siembra de incógnitas el terreno al describir el funcionamiento de la trama. Sostiene que los imputados recibían la adjudicación de proyectos municipales que dejaban en estado de hibernación por inviables económicamente hasta que, pasados los meses, el ayuntamiento recalificaba el plan (por ejemplo, aumentaba el techo de vivienda libre construible) y entonces la red revendía el negocio a un precio, evidentemente, muy superior. Aunque con variantes, Garzón sostiene que ese ha sido el procedimiento ilícito desarrollado en Santa Coloma, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres. No obstante, solo en Santa Coloma hay cargos municipales detenidos.«El contacto de Luis de Andrés en Badalona era Juan Felipe Ruiz Sabido, consejero delegado de Marina Badalona». Esa frase en la primera línea de la tercera página del auto (Luis de Andrés es el exdiputado Luis García) precipitó ayer que el alcalde de Badalona pidiera por escrito a Ruiz, aún reconociendo la presunción de inocencia, que renuncie al cargo.Otro ejemplo del desconcierto que puede haber causado el auto es el párrafo que cabalga entre las páginas 9 y 10. En él se mencionan una serie de conversaciones, supuestamente telefónicas, entre cuatro de los imputados (Muñoz, García, Dobarco y Pascual Vela) y el actual gerente del Institut Català del Sòl, Emili Mas, referidas a la emisión de facturas falsas. No afirma el magistrado que Mas participara en la comisión de un delito, pero, ayer, como un resorte, el Incasòl se vio en la obligación de aclarar la cuestión a través de un comunicado que envió a los medios de comunicación. La lista de incógnitas por despejar no acaba ahí.
Página 1: Garzón asegura que el exdiputado García tiene una especial vinculación con Muñoz, Dobarco, Vela «y otros». No aclara quiénes son esos «otros».
Página 6: El juez asegura que Prenafeta y Alavedra han proseguido en su labor de «contactos con autoridades públicas y cargos públicos para obtener beneficios y proyectos para la empresa de Lluís Casamitjana (uno de los empresarios imputados en el caso Pretoria) y ha continuado hasta la actualidad, en particular, respecto a un edificio de la Generalitat y una promoción de Cerdanyola del Vallès». ¿Cuáles? No lo dice.
Página 8: Pago de «120.000 euros para Lluís Renau», que desempeñó el cargo de director general de Seguretat Ciutadana en los años en los que Jordi Pujol era presidente de la Generalitat. «Este pago carece de justificación hasta el momento de la instrucción». Y no añade ni un dato más.Solo una octava parte de los icebergs emerge del agua. Si así es el auto de Garzón, para conocer la sustancia del caso habrá que sumergirse, cuando sea posible, en el sumario y, en especial, en «la documentación y material probatorio que consta en la causa»