SOCIALISTAS Y POPULARES,ENFRENTADOS EN ESPAÑA,NO TIENEN PIEDAD CON LA EZKER ABERTZALEA

La ezker abertzalea sigue estando acechada por el PSOE y el PP y sin recibir la suficiente ayuda de los otros partidos abertzales y sin solidaridad de los partidos catalanes.En primer lugar,el departamento de Interior de Lakua continúa con su política de veto y prohíbe la marcha convocada por la izquierda abertzale para el día 21 por "los claros vínculos con organizaciones ilegalizadas de las personas que se encargaron de darla a conocer a los medios de información, el contenido de sus declaraciones y la identidad de la persona que realizó el trámite de comunicar a la Ertzaintza" la convocatoria.Asegura que la marcha busca "aprovechar" el día grande de Aste Nagusia para "defender o reivindicar postulados de organizaciones ilegalizadas".Interior indica que la personas que "realizó la comunicación de la marcha a la Ertzaintza, consta como comunicante de otras cuatro convocatorias anteriores vinculadas con diversas reivindicaciones de las mismas".Señala, además, que en los últimos cinco años, "ha sido identificada como participante en concentraciones en las que se defendían postulados del entorno de ETA, así como integrante de un grupo que boicoteó un mitin electoral enmarcado en las elecciones municipales y forales de 2007".El Departamento dirigido por Rodolfo Ares también considera un factor de veto la participación de conocidos independentistas en la comparecencia ante la prensa. "Horas antes de que se realizara la comunicación, la convocatoria fue publicitada en rueda de prensa por tres miembros de la autodenominada izquierda abertzale, Arantza Urkaregi, Dabi Alonso y Marta Pérez, quienes fueron concejales en el Ayuntamiento de Bilbao en representación de partidos ahora ilegalizados". "Los convocantes defendieron los mismos postulados que mantienen las organizaciones del entorno de ETA", indica.La Consejería de Ares sostiene que la marcha de Aste Nagusia "ha sido aprovechada en años anteriores por las organizaciones ilegalizadas del entorno de ETA para defender sus postulados después de que, en la mañana de ayer, se hiciera público que la txupinera había recibido una carta con su foto y una bala, se ha desatado una cadena de mensajes de solidaridad con Sonia Polo.La izquierda abertzale, en la concentración realizada en defensa del modelo festivo popular y participativo, ha denunciado que la amenaza de muerte recibida por la txupinera Sonia Polo es «una consecuencia de la estrategia de tensión» encabezada por PP y PSE, quienes «iniciaron una campaña de criminalización y linchamiento contra la actual txupinera, por el único motivo de ser 'hermana de' o militante de un organismo ecologista». Asimismo, ha llamado a «no caer en las provoaciones» que «seguramente nos harán» y ha considera que "es momento" de que "los partidos políticos vascos, los grupos sociales, las comparsas nos unamos en defensa del modelo festivo, popular y participativo que quieren atacar estos partidos".EA, por su parte, ha expresado su apoyo a Sonia Polo y ha considerado "inadmisible este tipo de coacción y amenaza", que "va contra una representante de las fiestas de Bilbao, en las que la ciudadanía desea participar bajo las premisas de convivencia y respeto".La formación ha pedido a Lakua que esclarezca la amenaza, petición a la que también se ha sumado EB.En una nota de prensa, Julia Madrazo ha afirmado que "estamos ante un acto muy grave". "Esperamos que esta acción deleznable no empañe la Aste Nagusia, que debe ser un momento de fiesta protagonizado por la ciudadanía".El Ayuntamiento de Bilbo, mediante la concejala de Turismo y Fiestas, la presidenta de la Comisión de Turismo y Fiestas, Isabel Sanchez Robles, ha condenado «tajantemente» el envió, y considera que «detrás de la palabra amenaza está la palabra violencia». Por ello, mostraron su solidaridad hacia Polo, ante la amenaza «a los valores de la fiesta, la libertad y la democracia».Finalmente,dos propietarios de herrikos en Nafarroa han sido citados judicialmente por tener fotos de presos políticos vascos y haberse negado a retirarlas cuando lo requirió la Guardia Civil española.