El PNV ayuda a Zapatero avergonzando a Patxi López
ORAIN
Según informa el compañero del diario Gara,Iñaki Iriondo,el PNV ya tiene un «principio de acuerdo» con el Gobierno español por el que «a partir del 1 de enero de 2011» se transferirán al Ejecutivo de Lakua «las funciones, los bienes y el personal de un paquete de transferencias sociolaborales» conformado por las políticas activas de empleo (incluyendo las bonificaciones de las cuotas empresariales), la intermediación laboral (antiguo Inem), la Formación Profesional (tanto ocupacional como continua), el Instituto Social de la Marina y la Inspección Laboral.De ello se deduce que el PNV ha rebajado la cantidad que había fijado para la competencia de las Políticas Activas de Empleo, puesto que sólo ella -es decir, sin Formación Profesional, Instituto Social de la Marina e Inspección Laboral- ascendía a 480 millones euros.
Todo esto supone que los jeltzales han humillado al lehendakari de los tres herrialdes de la CAV,Patxi López,más pensativo en el bilingüísmo que en una transferencia del ya endeble Estatuto de Gernika.Todo este paquete está valorado en 472 millones de euros.Pero los portavoces jeltzales informaron también de que han acordado con el Gobierno español que en cuanto se reorganice el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), de acuerdo con la última reforma laboral, se procederá a la transferencia de las funciones ejecutivas vinculadas al mismo.El PNV no dudó en calificar de «histórico» lo que el propio partido define como «un principio de acuerdo». Y señaló que «satisface íntegramente una reivindicación que viene realizando desde 1988». La palabra «íntegramente» aparece subrayada.Las negociaciones han estado protagonizadas por los responsables parlamentarios del Grupo Socialista y del PNV, a su vez en permanente contacto con el Gobierno español y con el EBB, respectivamente. El anuncio corrió a cargo de Iñigo Urkullu, acompañado por su portavoz, Josu Erkoreka, y por el del PSOE, José Antonio Alonso, flanqueado por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y su secretario de Estado, Gaspar Zarrías.Desde el Gobierno de Lakua se apresuraron a anunciar que el lehendakari había dado el «visto bueno» al acuerdo antes de que fuera firmado, tras recibir una llamada de José Luis Rodríguez Zapatero para comunicarle los términos del texto.También el acuerdo,entre otras cosas,soluciona uno de los grandes debates españoles,como era,según Madrid, el PSOE, PP, CCOO y UGT,"el romper la caja única de la Seguridad Social". Ahora el PSOE dice que las bonificaciones a la contratación «no son caja única».
Pero el PNV no se queda aquí.Los jeltzales de Urkullu quieren las políticas pasivas de empleo, el cumplimiento de las sentencias del TC sobre competencias en materia de crédito, banca y seguros, y subvenciones a la máquina-herramienta,la reclamación de que los territorios de la CAV tuvieran su denominación oficial como Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el traspaso a la Diputación de Araba de los terrenos de uso militar de la base de Araka,como así el reconocimiento de la participación internacional de las selecciones vascas y posibilitar la manifestación de la voluntad popular de los vecinos de Trebiñu y Villaverde Turtzioz,además de la tradicional demanda del «reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi-Euskal Herria» y «el respeto del Estado a las decisiones de su ciudadanía».
Según informa el compañero del diario Gara,Iñaki Iriondo,el PNV ya tiene un «principio de acuerdo» con el Gobierno español por el que «a partir del 1 de enero de 2011» se transferirán al Ejecutivo de Lakua «las funciones, los bienes y el personal de un paquete de transferencias sociolaborales» conformado por las políticas activas de empleo (incluyendo las bonificaciones de las cuotas empresariales), la intermediación laboral (antiguo Inem), la Formación Profesional (tanto ocupacional como continua), el Instituto Social de la Marina y la Inspección Laboral.De ello se deduce que el PNV ha rebajado la cantidad que había fijado para la competencia de las Políticas Activas de Empleo, puesto que sólo ella -es decir, sin Formación Profesional, Instituto Social de la Marina e Inspección Laboral- ascendía a 480 millones euros.
Todo esto supone que los jeltzales han humillado al lehendakari de los tres herrialdes de la CAV,Patxi López,más pensativo en el bilingüísmo que en una transferencia del ya endeble Estatuto de Gernika.Todo este paquete está valorado en 472 millones de euros.Pero los portavoces jeltzales informaron también de que han acordado con el Gobierno español que en cuanto se reorganice el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), de acuerdo con la última reforma laboral, se procederá a la transferencia de las funciones ejecutivas vinculadas al mismo.El PNV no dudó en calificar de «histórico» lo que el propio partido define como «un principio de acuerdo». Y señaló que «satisface íntegramente una reivindicación que viene realizando desde 1988». La palabra «íntegramente» aparece subrayada.Las negociaciones han estado protagonizadas por los responsables parlamentarios del Grupo Socialista y del PNV, a su vez en permanente contacto con el Gobierno español y con el EBB, respectivamente. El anuncio corrió a cargo de Iñigo Urkullu, acompañado por su portavoz, Josu Erkoreka, y por el del PSOE, José Antonio Alonso, flanqueado por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, y su secretario de Estado, Gaspar Zarrías.Desde el Gobierno de Lakua se apresuraron a anunciar que el lehendakari había dado el «visto bueno» al acuerdo antes de que fuera firmado, tras recibir una llamada de José Luis Rodríguez Zapatero para comunicarle los términos del texto.También el acuerdo,entre otras cosas,soluciona uno de los grandes debates españoles,como era,según Madrid, el PSOE, PP, CCOO y UGT,"el romper la caja única de la Seguridad Social". Ahora el PSOE dice que las bonificaciones a la contratación «no son caja única».
Pero el PNV no se queda aquí.Los jeltzales de Urkullu quieren las políticas pasivas de empleo, el cumplimiento de las sentencias del TC sobre competencias en materia de crédito, banca y seguros, y subvenciones a la máquina-herramienta,la reclamación de que los territorios de la CAV tuvieran su denominación oficial como Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y el traspaso a la Diputación de Araba de los terrenos de uso militar de la base de Araka,como así el reconocimiento de la participación internacional de las selecciones vascas y posibilitar la manifestación de la voluntad popular de los vecinos de Trebiñu y Villaverde Turtzioz,además de la tradicional demanda del «reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi-Euskal Herria» y «el respeto del Estado a las decisiones de su ciudadanía».
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